Ley General de Educación y la No Discriminación

No tengo la intención en este artículo de hacer un análisis jurídico del proyecto de ley enviado por nuestro gobierno al Congreso. Sin embargo, he leído someramente en el mensaje del Ejecutivo los antecedentes y los artículos importantes. Quisera manifestar mi satisfacción por una serie de aspectos positivos que tiene el proyecto y que apuntan en la direción correcta. Por ejemplo en establecer un mayor control en la gestión de los recursos públicos en la educación particular subvencionada - cuyo fomento ha constituido, a mi parecer, uno de los errores históricos más graves que ha cometido la Concertación- caracterizada hasta hoy por escandalosos ejemplos de mala gestión y bajos resultados académicos. Sin embargo, creo insuficiente la prohibición del lucro en esta área pues podría producirse lo mismo que sucede actualmente en la educación superior privada que bajo la normativa de personas jurídicas supuestamente sin fines de lucro -Corporaciones y Fundaciones- ocultan millonarios negocios inmobiliarios y de crédito que no tienen prácticamente control alguno.


Pero sin duda lo más preocupante a mi parecer es que inspirándose en el principio de la No Discriminación se prohíba la selección por rendimiento académico aun en colegios emblemáticos de la educación pública como el Instituto Nacional, el Liceo Nº1, el Liceo Carmela Carvajal y otros. Equívocamente se comparan criterios que podrían constituir bajo el prisma de la No Discriminación, discriminación arbitraria o lisa y llanamente discriminación como la religión de los padres o su condición socio-económica con criterios de selección meramente académica. Se hace entonces un flaco favor a la educación pública de nuestro país al atacar a instituciones que siempre han encarnado los valores republicanos y que han resistido heroicamente el desmantelamiento de la educación pública que se realizó en dictadura. Estos establecimientos llamados "emblemáticos" constituyen, hoy por hoy, el puñado de alternativas que tienen los buenos alumnos pertenecientes a las clases trabajadoras y medias de entrar a las universidades tradicionales. Lamentablemente excepciones en la educación pública, gravemente dañada en la dictadura y siempre menospreciada por la derecha chilena y que a los gobiernos democráticos les ha costado tantos recursos en recuperar. Nuestros colegios demuestran que jóvenes estudiantes pueden aprovechar con éxitos las oportunidades académicas que se les brindan más allá de las desigualdades de origen socio-económico. Precisamente la excelencia académica está dada por el estudiantado a quienes puede exigírsele ésta. Esto lo he podido apreciar en particular en mi universidad, la U. de Chile, en carreras como la mía Derecho o en Ingeniería Civil, Ing. Comercial o Medicina. Carreras rentables las llaman algunos cuyos estudiantes pertenecen en su mayoría a los quintiles más ricos y que provienen -por cierto- en su inmensa mayoría de la educación particular privada y claramente no de cualquier establecimiento. Los estudiantes que provenimos de estos establecimientos públicos tradicionales somos prácticamente los únicos representantes de la educación pública y laica en nuestras carreras. En general somos estudiantes que defendemos el pluralismo, la igualdad de oportunidades y valoramos la meritocracia. Somos concientes que Chile está lejos de ser un país moderno, donde se valore el mérito por sobre otras consideraciones y que para ello se deben tomar medidas positivas por parte del Estado para superar las desigualdades y promover la igualdad de oportunidades. Más allá de la intención esta no es la forma correcta ni racional de hacerlo.

Resulta cuestionable que sean los establecimientos públicos como los mencionados los más perjudicados con estas medidas que pecan de voluntarismo teórico y academicista y que no dicen relación con la realidad de la educación pública chilena. Por lo demás la inmensa mayoría de los países desarrollados además de invertir fuertemente en la educación pública poseen mecanismos de fomento de la excelencia académica ya sea en establecimientos tradicionales en sus principales ciudades o al interior de los mismos establecimientos por ejemplo a través de clases avanzadas.
Si no se fortalece previamente la educación pública a través de las medidas señaladas en la ley y otras -como el fin de la municipalización, un control efectivo de las subvenciones, mayor capacitación a los docentes y un incremento sustancial de los recursos destinados a la educación- la aplicación de normas como las establecidas en la ley respecto a los criterios de selección (discutidas incluso en los países desarrollados) sólo servirán los intereses de quienes buscan destruir los últimos vestigios de excelencia en la educación pública chilena sumiéndola en la mediocridad y ahondando aun más las desigualdades. Espero que nuestros parlamentarios más allá de respaldar al gobierno de nuestra Presidenta -lo que está fuera de discusión- sean capaces de reflexionar al respecto y realizar las modificaciones necesarias al mensaje del ejecutivo.

Fraternalmente,

MARCELO SALGADO NÚÑEZ
Miembro Comité Central PS
Ex alumno Instituto Nacional
Ex dirigente Centro de Estudiantes de Derecho, U. de Chile