Los estudiantes chilenos parecen estar despertando por estos días del letargo en que se encontraban luego de 20 años de gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia (coalición política de centro-izquierda) en el poder desde el regreso a la democracia en 1990 hasta el pasado 13 de marzo del 2010 en que asumió Sebastián Piñera Echeñique el primer presidente electo de derecha desde 1958. Son cientos de miles de estudiantes secundarios, universitarios, funcionarios y algunos sindicatos, los que han salido a las calles para exigir una reforma a un sistema educacional chileno que refleja y perpetúa las desigualdades del modelo social y económico implantado durante la dictadura del Gral.Pinochet (1973-1990).
De acuerdo a estudios internacionales como el de la OCDE 2011 a la que Chile pertenece desde mayo de este año, con 18.9% nuestro país tiene la tercera tasa mayor de pobreza relativa de la organización, después de México e Israel y muy por encima de la media de la OCDE de 11.1%. Además Chile aparece con la peor distribución de la riqueza entre los 34 estados miembros, e incluso en la desigual América Latina, con un índice Gini de 0,50 (promedio OCDE es de 0,31). Sin embargo, tenemos tres multi-billonarios además de nuestro Presidente de la República cuya fortuna alcanza los US$2,4 billones. Los hermanos Matte ($10,4 billones), Horst Paulmann y su familia ($10, 5 billones) y la familia Luksic ($19,2 billones). Cuatro familias chilenas que tienen una fortuna personal de $42,5 billones de dólares equivalentes a los ingresos del 80% de los chilenos y chilenas. La mayor parte de estas fortunas han sido construidas sobre la base de las políticas neoliberales, privatizaciones de servicios públicos y ventas de activos estatales poco transparentes que se realizaron en dictadura.
Las reformas económicas y sociales realizadas por el régimen militar con el apoyo de empresarios, los Chicago boys (economistas formados en la Universidad de Chicago) y grupos conservadores, también se abocaron al sistema educacional. Jaime Guzmán, abogado de la Universidad Católica de Chile (PUC), líder del ultraconservador movimiento gremial y uno de los asesores de Pinochet, fue uno de los arquitectos del entramado político institucional de la dictadura. Además fue co-autor de la Constitución de 1980, leyes orgánicas políticas y, por cierto, de las reformas al sistema educacional llevadas a cabo a principios de la década de los 80 cuando la sociedad civil aun no se articulaba para protestar contra la represión y los altísimos niveles de pobreza y desempleo.
Las ideas de Guzmán eran precisamente revertir los avances realizados por la reforma universitaria implementada a partir de 1967 que intentaba democratizar las instituciones de educación superior, mejorar el acceso a estudiantes de escasos recursos y formar profesionales con un espíritu crítico. Hacia 1980 Guzmán se declaraba enemigo de la educación universitaria gratuita, que según él favorecía a los sectores más ricos, y criticaba que sólo existieran universidades públicas estatales y ligadas a la Iglesia. Era necesario pues abrir el sistema de educación superior al mercado permitiendo la creación de instituciones privadas. El pensamiento católico-corporativista, cercano al fascismo, de Guzmán pasa a coincidir entonces con las ideas neoliberales pues entiende que entregar el sistema educacional al mercado refuerza sus ideas políticas sobre la estratificación y jerarquías sociales que defendió por años.
Esta nueva institucionalidad de la educación chilena se plasma en la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Educación) promulgada por Pinochet justo antes de la restauración del sistema democrático en marzo de 1990.En ella se consagra como principio fundamental la Libertad de Enseñanza -es decir la creación de escuelas y universidades por privados- y permite un lucro encubierto en ellas, por sobre el Derecho a la Educación. Una nueva ley aprobada durante el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, la Ley General de Educación, reprodujo los puntos fundamentales de la LOCE derogada. Como resultado en Chile tenemos uno de los sistemas educacionales más segmentados y estratificados socialmente. En la enseñanza elemental y secundaria una educación pública endémicamente desfinanciada, a pesar de los esfuerzos de los últimos años, que recibe a los estudiantes más pobres; instituciones privadas que reciben recursos públicos -colegios subvencionados- que atienden a los sectores medios; y colegios particulares que cobran altos aranceles pero cuya calidad con suerte alcanza la media de un liceo público en un país desarrollado.
En el sistema universitario el escenario no es mejor. Existe una política de autofinanciamiento de las universidades públicas que obliga a éstas a obtener sus ingresos fundamentalmente en base a los aranceles pagados por los estudiantes. De hecho las familias chilenas financian el 73% del sistema ( en los países de la OCDE es un 16% promedio). Por ejemplo la Universidad de Chile, la más antigua y prestigiosa del país, recibe en aportes directos estatales sólo el 14% de su presupuesto, otro porcentaje similar en fondos concursables y el resto en base a los aranceles estudiantiles. Por otra parte, las universidades privadas se desarrollan en un ambiente fundamentalmente desregulado en que el sistema de acreditación para recibir fondos públicos es voluntario. Existe una serie de proyectos educacionales con clara orientación político-ideológica conservadora, que se han ganado un prestigio artificial construido en base a una desmesurada publicidad a través de la prensa chilena en su inmensa mayoría en manos de la derecha política o económica.
Esperemos que las manifestaciones estudiantiles y las movilizaciones sociales que se han articulado en las últimas semanas y que demuestran un importante grado de malestar social hacia el modelo económico y político, rindan frutos. No se trata, creo yo, sólo de críticas a las malas decisiones de un gobierno conservador aunque ellas agudicen la insatisfacción. Sino que se trata más bien de un cuestionamiento profundo a la transición política chilena. Chile conserva aun una Constitución Política y leyes orgánicas creadas por la dictadura, que a pesar de las múltiples reformas, consagran no sólo un modelo económico excluyente sino también un sistema político poco representativo incapaz de responder a las demandas por una sociedad con menos desigualdad y mayor protección social.
Marcelo Salgado
Ex dirigente estudiantil (Derecho, U. de Chile)
Militante socialista
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