Declaración del ex Ministro José Miguel Insulza

19 de Diciembre de 2003


La relación entre dinero y política es uno de los
componentes más complejos que debe enfrentar la
construcción de una efectiva democracia. La
democracia supone la igualdad entre todos los
seres humanos; la posesión de más o menos dinero
los hace desiguales. Asegurar que todos los
ciudadanos tienen un acceso garantizado a la
libre expresión y promoción de sus ideas, más
allá del dinero que poseen, es un aspecto central del quehacer
democrático.

Al retorno de la democracia a comienzos de 1990
no existían normas que regularan esa relación.
Nuestra actividad política era muy opaca, tanto
en la generación de los recursos para la
actividad política como en la gestión de los
recursos del estado. Una porción desusada del
presupuesto nacional estaba destinada a gastos
reservados, que se rendían de manera global, sin
indicación alguna de aquellas actividades lícitas
en que podían ser gastados; las campañas
electorales eran financiadas de manera discreta
por empresas y particulares, muchas veces
simulando una transacción comercial o una
prestación profesional; no había rendiciones de
cuentas de campaña ni límites a los gastos; y
algo similar ocurría con los partidos políticos,
financiados por fuentes privadas y con
rendiciones de cuenta que mostraban una actividad mucho menor de la
real.

Durante la primera década que siguió al retorno a
la democracia, los gastos reservados disminuyeron
enormemente, de ser aproximadamente un 11% del
presupuesto de la Nación a menos de un 1%. Se
dictaron un conjunto de normas muy importantes en
cuanto a la gestión financiera del Estado, las
compras gubernamentales y a la asignación de
contratos públicos, para asegurar la probidad de
los funcionarios públicos. Pero no se avanzó en
la transparencia ni equidad del financiamiento de
los partidos ni de las campañas, ni en la
rendición de cuentas de los ingresos y gastos, ni
tampoco en limitar más el uso de los gastos reservados.

Los acuerdos políticos alcanzados a comienzos de
2003 entre todos los partidos políticos con
representación parlamentaria tuvieron por objeto
muy fundamental modificar sustantivamente la
relación entre el dinero y la política en Chile,
abordando algunos de sus principales aspectos.
Por ello abarcaron, de una parte, el
financiamiento público de las campañas, la
transparencia de las donaciones, el límite en el
gasto y las rendiciones de cuenta; y, por otra
parte, la participación del estado en la política
y en las campañas y las limitaciones en el uso de gastos reservados.

Un simple examen de las normas dictadas en esa
ocasión y que fueron aprobadas por todos los
partidos da cuenta de los acuerdos fundamentales.

En materia de gasto electoral se coincidió en
que, al no existir cuentas rendidas sobre gasto
ni registro obligatorio del origen de los fondos,
se fijaría un plazo muy breve para las
rendiciones necesarias y luego estas se darían
por aprobadas. También en la ley referida al
financiamiento de las campañas y de partidos
políticos promulgada en agosto de 2003 en sus
artículos 54 y 57 se hace referencia a la
prescripción de un año hacia atrás a todas las
faltas y delitos conexos producto de la situación
anterior completamente desregulada.

En materia de gastos reservados, dado que tampoco
existía rendición de cuentas porque la ley no las
exigía, se trataba de asegurar que, en el futuro
no hubiera uso político alguno de esos fondos, ni
para pago de remuneraciones, ni para traspaso a
partidos o asociaciones gremiales. Ese es el
origen de la norma dictada al efecto, junto a la
cual se decidió establecer un procedimiento de
rendición de cuentas de los gastos reservados
ante el Contralor General de la República que antes no existía.

Acuerdos conexos con los anteriores fueron subir
los sueldos de Ministros y altos funcionarios,
mientras se reducían en el mismo monto los gastos
reservados y, de forma congruente con lo anterior
reducir los gastos de representación de los
parlamentarios en el mismo monto en que se subían
las remuneraciones, regularizando así otra forma
opaca de remuneración que afectaba a los parlamentarios.


La Concertación de Partidos por la Democracia y
la Alianza por Chile se comprometieron en 2003 a
respetar rigurosamente esos acuerdos. Si se
demuestra que alguien ha obtenido dineros no
declarados, ha hecho declaraciones incompletas o
ha destinado fondos reservados a fines distintos
de los establecidos por las leyes de 2003, debe
ser sancionado. Para examinar esos hechos están
las cuentas de las campañas presentadas antes el
Servicio Electoral y las rendiciones de gastos
reservados presentadas ante la Contraloría
General de la República a partir del año 2003.

En cambio, el uso de fondos de programas sociales
o similares nunca estuvo en discusión ni fue
legitimado de ninguna forma. Siempre estuvo
prohibido en la normativa anterior a 2003 y lo sigue estando ahora.

Del mismo modo, el uso político de gastos
reservados con posterioridad a las leyes de 2003,
así como la violación de las normas acordadas en
materia de gasto electoral a partir de la campaña
municipal de 2004, constituyen a nuestro juicio
violación al texto y el espíritu de los acuerdos del año 2003.


Los acuerdos de 2003 tuvieron como base la
voluntad conjunta de todas las fuerzas políticas
de avanzar sustantivamente en la transparencia en
la actividad política. Todas las normas dictadas
en esa ocasión por la unanimidad del Congreso se
enmarcaron en ese espíritu. Es de esperar que las
conveniencias políticas de momento no nos desvíen
del espíritu ni de la letra de los acuerdos que en esa ocasión
alcanzamos.

Sin duda es necesario seguir avanzando aún más en
regular la relación del dinero con la política y
asegurar los más altos niveles de probidad y
transparencia en la gestión del Estado, ello debe
ser hecho sin dañar el patrimonio democrático y
republicano que hemos construido todos los
chilenos y todas las fuerzas políticas que lo representan.

Correo a un amigo: El largo otoño del patriarca.

Hola Dan,

Efectivamente estuve celebrando en la Alameda hasta que el carro lanzaagua (guanaco) y el lanzagases (zorrillo) disolvieron a la multitud. No me decidía a participar en los festejos improvisados pues lo consideraba un poco de mal gusto pero luego reflexioné acerca del hecho histórico que estabamos viviendo. La muerte esperada de Pinochet debía llegar algún día y los sentimientos que todavía perduran en la sociedad chilena volvían a cobrar vida. Creo que el gobierno de Bachelet actuó bien al no ceder a las presiones de darle un funeral de Estado al dictador. Se le rindieron los honores de comandante en jefe del ejército con la presencia de la ministra de defensa, Vivianne Blanlot (PPD). Porque como lo señalara debía participar representando a la jefe de Estado debido a la decisión de la familia Pinochet de realizar un funeral público. Así más allá de los llamados de los Pinochet y los pinochetistas para que nadie del gobierno participara, llegó la ministra al patio de la Escuela Militar flanqueada por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas en medio de los abucheos. Ella se mantuvo impertérrita durante la ceremonia repsentando de alguna forma la formalidad republicana, la raison d'État encarnada, que no reflejaba emoción alguna por la muerte del dictador que tanto daño causó. El discurso más polémico fue el del nieto oficial del Ejército quien justificó el golpe -fuera de todo protocolo- reivindicándolo como el triunfo armado sobre el modelo marxista y cuestionando a los jueces que llevan procesos en contra del dictador y su familia. Palabras queno pasaron indavertidas por su incosntitucionalidad y hoy fue dado de baja por el Gral. Izurieta a petición del gobierno.
En fin, puede parecer sorprendente que aun hoy cuando la figura de Pinochet se desmorona poco a poco existan unos cuantos miles de personas dispuestas a homenajear al gobernante de facto. A su "Presidente Pinochet" como si con ese título auto-otorgado se legitimara su gobierno y su constitución. O incluso la autoamnistía del DL 2191 de 1978 cuya vigencia actual ha sido condenada recientemente por la Corte Interamericana. Pinochet ha perdido adeptos tal vez no tanto por las muertes, torturas y otras violaciones a los derechos fundamentales de las cuales fue autor al menos intelectual - ese tipo de sensibilidad humanista escapa a los seguidores del dictador-, sino por las cuentas secretas recientemente descubiertas, por los pasaportes falsos y el dinero de origen oscuro que se ha encontrado. Muchos fervientes pinochetistas han perdido la fe pero son varios miles los que quedan pero no me cabe duda que son una especie en extinción. Gracias a Dios.
Por mi parte celebré y fui parte de ese día histórico como ciudadano. Conciente del juicio histórico que aguarda a Pinochet y que reflejan los medios internacionales y las declaraciones de practicamente la totalidad de los gobiernos occidentales. La prensa conservadora chilena al contrario parecía más bien rendir un homenaje al dictador y la especie de cadena nacional parecía más bien dar un cariz de funeral de estado que no fue. El Ministro del Interior, Belisario Velasco (DC) fue el único que públicamente reconoceió el verdadero rol de pinochet como "el típico dictador de derechas" que violó los derechos humanos. Pero ahora y sin el lastre de esta oscura figura en la historia nacional deberíamos avanzar en la cura de heridas, en la sanación del alma nacional y saldar las deudas pendientes que existen en nuestra sociedad. Alcanzar mayores grados de verdad y justicia en materia de derechos humanos. Terminar con la exclusión social promovida durante la dictadura y terminar de democratizar nuestras instituciones políticas. Combatir el conservadurismo de ciertas élites nacionales que aun hoy conservan excesivo poder. En buenas cuentas terminar con el legado oscuro de la era Pinochet que todavía se percibe en la sociedad chilena. Ese es el desafío y al menos así lo siento yo, es la tarea fundamentalmente de las nuevas generaciones.

Espero que estés bien, pronto a pasar las fiestas de fin de año.

Un abrazo cariñoso

Marcelo

El categórico juicio de la historia

Todas las expresiones de sentimientos exacerbados que despierta la tardía muerte del dictador no agregan ni quitan nada al juicio histórico categórico de condena al gobierno que encabezó y a su persona. Así lo demuestran las públicas lamentaciones por que la muerte ha alcanzado antes a Pinochet que la justicia. Desde el Ministro del Interior francés (conservador) Nicolas Sarkozy hasta Koffi Annan desde el Canciller Straw que lo dejó libre por razones humanitarias hasta el portavoz de la administración Bush. El mundo es unánime en condenar a Pinochet y su sangriento régimen. Pinochet sin duda seguirá siendo el paradigma del dictador inmisericorde que persigue a sus opositores políticos hasta ejecutarlos, hacerlos desaparecer, torturarlos y exiliarlos. Por el sólo hecho de pensar distinto.
Nada puede justificar su política sistemática de violaciones a los derechos humanos. Ni la falta de información, ni la desidia administrativa, ni el escenario de la guerra fría. Menos aun la modernización que pudo haberse implementado en ciertos ámbitos de la administración pública o la economía. Nada puede justificar jamás que individuos como agentes estatales, ni aun en el marco de restricción de libertades puedan violentar los derechos fundamentales de las personas impunemente. Por eso Pinochet como tantos otros tuvo que inventarse un enemigo interno para legitimarse primero antes sus camardas golpistas y luego a través del temor ante la sociedad chilena. Así orquestó la Caravana de la Muerte y la Operación Cóndor. A lo menos permitió sino ordenó que Contreras y sus secuaces atentaran contra su antecesor al mando del Ejército el Gral. Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en septiembre de 1974 en Buenos Aires. Luego contra Orlando Letelier en Washington DC y Bernardo Leighton en Roma. Todos personajes peligrosos para el régimen pues eran figuras de gran estatura moral y política que podían desestabilizar su régimen.
Pero Pinochet no sólo provocó un grave perjuicio moral a nuestro país sino que además sus políticas de exclusión social, de desmantelamiento del sistema de protección social, de privatizaciones truchas, de desprestigio permanente de las instituciones democráticas, etc. Todas estas heridas siguen abiertas y ha costado un gran esfuerzo para los gobiernos democráticos intentar responder a los dramas provocados por esas decisiones cuando Pinochet y la Junta tenían el poder total. La Constitución de 1980 de la cual tan orgulloso se sentía tuvo que ser reformada en 1989 para adquirir carácteres mínimos de democrática. Recién el año pasado se realizaron las últimas reformas necesarias para blanquearla del sesgo autoritario-militarista. Así que mal puede hablarse del legado del dictador. Ni siquiera tuvo la altura moral suficiente como para asumir de cara al país la responsabilidad por los dramas vividos portantos miles de chilenos víctimas de sus agentes. Abandonó a sus subordinados a su suerte en los tribunales. Se burló hasta el final del dolor de los familiares de las víctimas. Pero es precisamente esa mezquindad de alma que evidenciaba la que lo condena ante la historia. No por nada se lo condena desde Beijing hasta París y de Buenos Aires a Washington DC. Nadie es capaz de defender su imagen ante el mundo civilizado. Hoy sólo en Chile unos cuantos miles de seguidores pueden seguir vitoreando su nombre en la Escuela Militar como si fueran capaces -al igual que su nieto oficial de Ejército- de retrotraer la historia y mixtificar diciendo que nos salvó del comunismo. Como si no conocieramos de memoria esa cantinela terrorífica que se invocaba tantas veces para justificar lo injustificable. Para exorcizarnos del fantasma del comunismo hubo que resucitar cientos de fantasmas más y provocar el sufrimiento de decenas de miles de compatriotas. Para mejorar la economía hubo que lanzar a la pobreza de millones. Para defender la democracia hubo que realizar un golpe, imponer estado de sito, clausurar el parlamento y proscribir los partidos políticos. Tenían que defendernos de nosotros mismos y por eso tuvieron que matarnos. Ante el silencio de los que debían defender el Estado de Derecho.
Todos debemos enfrentar nuestras responsabilidades. Algunos ya lo hemos hecho. Al menos gran parte de la izquierda. La derecha difícilmente y ya han demorado bastante. Hasta el ejército se ha distanciado de la figura del dictador. Pero los que colaboraron con su régimen y fueron beneficiados por él deben hacer un sicero y público mea culpa. El Poder Judicial que guardó un silencio lamentable también debe responder ante la sociedad por su desidia en aquellos días oscuros. Cuando los recursos de amparo eran declarados inadmisibles por decenas, fueron pocos los valientes que alzaron la voz. Ojalá seamos capaces de apreciar la importancia que este tipo de acciones tuvo en su momento. Destacar el actuar anónimo de tantos chilenos que salvaron vidas por ejemplo a través de la Vicaría de la Solidaridad creada por el Cardenal Silva Henríquez. Esos son los testimonios valientes de aquellos días oscuros que debemos recordar hoy. Más allá de las celebraciones y los funerales lo que vale son las personas. El valor permanente de la dignidad humana que debe reivindicarse hoy para que no vuelva a menospreciarse en el futuro como lo fue en dictadura.

El compromiso de un Nunca Más

Como tantos partí ayer a plaza Italia a celebrar. No fue del todo una decisión fácil. Por una parte, creo que si fuera un cristiano consecuente (de aquellos que ponen la otra mejilla siempre) tendría que haber rezado por el alma de aquel pecador. Precisamente uno de los peores como dejaban traslucir las palabras del Presidente de la Conferencia Episcopal, Moseñor Goic. Además puede que no sea considerado de buen gusto y nada cambiaría mi presencia en la celebración de la Alameda. Pinochet ya no fue condenado por la justicia chilena pese a los esfuerzos tenaces de los familiares de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Pero el juicio histórico y moral es categórico como lo muestra la prensa internacional y las declaraciones de las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Partí entonces como uno más para participar de esta especie de catarsis colectiva. A lo mejor no lo hice sólo por mí. Gracias a Dios no tengo familiares entre las víctimas de la dictadura. Sea porque milito hace más de 10 años en el partido político que tiene el triste récord de víctimas de la dictadura. Sea porque soy parte de esa juventud que perdió a uno de sus líderes más grandes a manos de la DINA, el diputado Carlos Lorca en 1976. O porque quería estar presente por aquellos que no podía acompañarnos porque desaparecieron, fueron ejecutados.Aquellos cuyas vidas fueron destrozadas por la prisión, la tortura y el exilio. En nombre de tantos miles de chilenos y chilenas me uní a la manifestación de ese día histórico.
Por cierto el deber de las generaciones futuras va mucho más allá de la celebración por el fallecimiento de ese personaje deleznable. Precisamente debemos trabajar ahora ya sin ese lastre histórico por afianzar una política de derechos humanos efectiva en nuestro país. Porque Chile no sólo tiene una gran deuda con los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos sino que además estamos en deuda con Chile y su pueblo en orden a establcer un Estado de Derecho respetuoso de los derechos humanos. Que confía en el sistema democrático y permite no sólo la participación de las grandes mayorías sino que es capaz de satisfacer sus necesidades económico-sociales. Ahí estamos en deuda. Porque tal como se conoce a nivel mundial la pobreza y la marginación de las grandes mayorías de los sistemas políticos y económicos, son el caldo de cultivo del terrorismo y también son factores relevantes de inestabilidad política.
No podemos esconder la cabeza y dejar de reconocer en nuestro país un sistema económico que distribuye mal la riqueza, que niega opotunidades y una elite conservadora que entraba los mecanismos de la meritocracia. Y por otro lado un sistema político poco atractivo a las nuevas generaciones y que margina a un importante grupo de chilenos, no nos permitirá avanzar hacia una sociedad reconciliada con su pasado. Debemos aprender de los errores cometidos. No basta con dar vuelta la página sino que por el contrario debemos sacar lecciones del pasado doloroso. Por supuesto debemos avanzar hacia mayores grados de verdad y justicia aunque problamente no encontremos jamás los restos de cientos de chilenos y chilenas. Pero sí debemos ser capaces de heredar a nuestros hijos un país con una institucionalidad democrática más sólida,consensuada en tono al respeto y promoción de los derechos humanos. Una sociedad que garantice de mejor forma los derechos sociales y laborales. Un país con una economía que dé más oportunidades a los jóvenes de nuestro país y que tenga carácteres más solidarios y redistributivos.
En fin, toda una serie de desafíos que los chilenos - sobretodo los jóvenes- debemos enfrentar para avanzar y no repetir las circunstancias que fueron el escenario de la trágica polarización que permitió que nuestra democracia se debilitara tanto como para dar paso a una dictadura sanguinaria como la de Pinochet. Debemos entonces jurar que Nunca Más nuestra ciudad de Santiago será mancillada con la sangre de hermanos por el sólo hecho de pensar distinto sino que además debemos comprometernos en construir una sociedad más justa, solidaria y moderna para todos chilenos.

El legado más oscuro (por José Zalaquett)

El Mercurio, lunes 11 de diciembre 2006

José Zalaquett


El juicio sobre los hombres públicos no reconoce pausa, ni aun ante el duelo de sus familiares, y hoy toca evocar, nuevamente, el legado más oscuro de Augusto Pinochet.

Nombrado comandante en jefe en la hora undécima, él no fue quien fraguó el golpe militar, sino que se sumó, tardíamente, a la conjura que impulsaron José Toribio Merino y Gustavo Leigh. Su trayectoria profesional no había sido destacada. Su habilidad consistía en evitar los riesgos. Por lo mismo, más que conquistar el poder, éste le cayó en las manos por estar en el cargo preciso en el momento crucial.

Pinochet fue presidente de la Junta por un orden de precedencia militar que da primacía al Ejército y por la necesidad de los uniformados de mantenerse unidos. Sin embargo, él sabía que sus colegas no lo consideraban el líder del golpe. Por tanto, necesitaba otro conflicto, del cual él fuera la cabeza indiscutida. Esa nueva "guerra", cruel y clandestina, fue la política de violaciones de los derechos humanos en contra de un adversario vencido, al cual se pintaba como un peligro latente que era preciso exterminar a toda costa. El ideólogo y estratega fue Manuel Contreras.

Pinochet selló con Contreras un pacto fáustico: obtuvo más poder en el presente al precio del oprobio para la posteridad. Más tarde renegó del jefe de la DINA, y éste, luego de cumplir hasta el límite con su propia mal entendida fidelidad, le reprochó su deslealtad.

La acotada inteligencia de Pinochet no le permitía discernir por sí mismo, pero sabía reconocer a los consejeros diestros. A su vez, sus partidarios civiles ensalzaban la figura del general no por su capacidad, sino porque como él estaba a la cabeza del régimen, lo que ellos lograban que él aceptara, se transformaba en política de Estado. Más tarde, conocido el Informe Rettig, vieron que la culpa de Pinochet podía amenazar la continuidad de la "obra". El fusible, entonces, debía ser Contreras. El viejo general, decían sus partidarios civiles, no supo lo que éste hacía.

Nada más irracional que pretender que en un régimen altamente jerarquizado haya subordinados que matan y torturan por miles sin una venia del líder. Aunque se aceptara la tesis absurda de que éste ignoraba de antemano los planes para cometer crímenes, sería incomprensible que luego no hubiera hecho nada para detenerlos. La misma insostenible teoría del "él no supo" se trató de aplicar a asesinatos como el de Tucapel Jiménez, cometidos años después del retiro de Contreras.

Ahora Pinochet ha fallecido sin que la justicia haya dictado un veredicto legal sobre su responsabilidad en materia de derechos humanos, pero el juicio histórico y moral es categórico. Y la conclusión es que éste fue un hombre sin mayores atributos, elevado a una posición de gran poder por razones fortuitas, que abrazó por conveniencia la teoría de que había adversarios irredimibles que era preciso eliminar en secreto, para tratar de no pagar el costo político de la terrible verdad. Su actitud, ajena a toda grandeza de alma, consistió en golpear y esconder la mano, siempre negando, porfiadamente, hasta la muerte.

JOSÉ ZALAQUETT
Abogado, integrante de la Comisión Rettig y de la Mesa de Diálogo. Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.