Declaración del ex Ministro José Miguel Insulza

19 de Diciembre de 2003


La relación entre dinero y política es uno de los
componentes más complejos que debe enfrentar la
construcción de una efectiva democracia. La
democracia supone la igualdad entre todos los
seres humanos; la posesión de más o menos dinero
los hace desiguales. Asegurar que todos los
ciudadanos tienen un acceso garantizado a la
libre expresión y promoción de sus ideas, más
allá del dinero que poseen, es un aspecto central del quehacer
democrático.

Al retorno de la democracia a comienzos de 1990
no existían normas que regularan esa relación.
Nuestra actividad política era muy opaca, tanto
en la generación de los recursos para la
actividad política como en la gestión de los
recursos del estado. Una porción desusada del
presupuesto nacional estaba destinada a gastos
reservados, que se rendían de manera global, sin
indicación alguna de aquellas actividades lícitas
en que podían ser gastados; las campañas
electorales eran financiadas de manera discreta
por empresas y particulares, muchas veces
simulando una transacción comercial o una
prestación profesional; no había rendiciones de
cuentas de campaña ni límites a los gastos; y
algo similar ocurría con los partidos políticos,
financiados por fuentes privadas y con
rendiciones de cuenta que mostraban una actividad mucho menor de la
real.

Durante la primera década que siguió al retorno a
la democracia, los gastos reservados disminuyeron
enormemente, de ser aproximadamente un 11% del
presupuesto de la Nación a menos de un 1%. Se
dictaron un conjunto de normas muy importantes en
cuanto a la gestión financiera del Estado, las
compras gubernamentales y a la asignación de
contratos públicos, para asegurar la probidad de
los funcionarios públicos. Pero no se avanzó en
la transparencia ni equidad del financiamiento de
los partidos ni de las campañas, ni en la
rendición de cuentas de los ingresos y gastos, ni
tampoco en limitar más el uso de los gastos reservados.

Los acuerdos políticos alcanzados a comienzos de
2003 entre todos los partidos políticos con
representación parlamentaria tuvieron por objeto
muy fundamental modificar sustantivamente la
relación entre el dinero y la política en Chile,
abordando algunos de sus principales aspectos.
Por ello abarcaron, de una parte, el
financiamiento público de las campañas, la
transparencia de las donaciones, el límite en el
gasto y las rendiciones de cuenta; y, por otra
parte, la participación del estado en la política
y en las campañas y las limitaciones en el uso de gastos reservados.

Un simple examen de las normas dictadas en esa
ocasión y que fueron aprobadas por todos los
partidos da cuenta de los acuerdos fundamentales.

En materia de gasto electoral se coincidió en
que, al no existir cuentas rendidas sobre gasto
ni registro obligatorio del origen de los fondos,
se fijaría un plazo muy breve para las
rendiciones necesarias y luego estas se darían
por aprobadas. También en la ley referida al
financiamiento de las campañas y de partidos
políticos promulgada en agosto de 2003 en sus
artículos 54 y 57 se hace referencia a la
prescripción de un año hacia atrás a todas las
faltas y delitos conexos producto de la situación
anterior completamente desregulada.

En materia de gastos reservados, dado que tampoco
existía rendición de cuentas porque la ley no las
exigía, se trataba de asegurar que, en el futuro
no hubiera uso político alguno de esos fondos, ni
para pago de remuneraciones, ni para traspaso a
partidos o asociaciones gremiales. Ese es el
origen de la norma dictada al efecto, junto a la
cual se decidió establecer un procedimiento de
rendición de cuentas de los gastos reservados
ante el Contralor General de la República que antes no existía.

Acuerdos conexos con los anteriores fueron subir
los sueldos de Ministros y altos funcionarios,
mientras se reducían en el mismo monto los gastos
reservados y, de forma congruente con lo anterior
reducir los gastos de representación de los
parlamentarios en el mismo monto en que se subían
las remuneraciones, regularizando así otra forma
opaca de remuneración que afectaba a los parlamentarios.


La Concertación de Partidos por la Democracia y
la Alianza por Chile se comprometieron en 2003 a
respetar rigurosamente esos acuerdos. Si se
demuestra que alguien ha obtenido dineros no
declarados, ha hecho declaraciones incompletas o
ha destinado fondos reservados a fines distintos
de los establecidos por las leyes de 2003, debe
ser sancionado. Para examinar esos hechos están
las cuentas de las campañas presentadas antes el
Servicio Electoral y las rendiciones de gastos
reservados presentadas ante la Contraloría
General de la República a partir del año 2003.

En cambio, el uso de fondos de programas sociales
o similares nunca estuvo en discusión ni fue
legitimado de ninguna forma. Siempre estuvo
prohibido en la normativa anterior a 2003 y lo sigue estando ahora.

Del mismo modo, el uso político de gastos
reservados con posterioridad a las leyes de 2003,
así como la violación de las normas acordadas en
materia de gasto electoral a partir de la campaña
municipal de 2004, constituyen a nuestro juicio
violación al texto y el espíritu de los acuerdos del año 2003.


Los acuerdos de 2003 tuvieron como base la
voluntad conjunta de todas las fuerzas políticas
de avanzar sustantivamente en la transparencia en
la actividad política. Todas las normas dictadas
en esa ocasión por la unanimidad del Congreso se
enmarcaron en ese espíritu. Es de esperar que las
conveniencias políticas de momento no nos desvíen
del espíritu ni de la letra de los acuerdos que en esa ocasión
alcanzamos.

Sin duda es necesario seguir avanzando aún más en
regular la relación del dinero con la política y
asegurar los más altos niveles de probidad y
transparencia en la gestión del Estado, ello debe
ser hecho sin dañar el patrimonio democrático y
republicano que hemos construido todos los
chilenos y todas las fuerzas políticas que lo representan.