Alexander Galetovic y Leonidas Montes (*)
La Tercera, septiembre 8, 2007
Respondiendo a una inquietud del diputado DC
Jorge Burgos, la nueva mesa del Colegio de
Abogados debuta con un informe que seguramente
causará polémica (**). En sus doce puntos
concluye que la función de parlamentario y el
ejercicio simultáneo de la profesión de abogado,
“[…] sea directa o personalmente, sea como
miembro que tenga interés en un estudio
profesional”, son incompatibles. Se trata de un
tema relevante, porque hoy 15 senadores (el 40%)
y 34 diputados (el 28%) son abogados.
El Colegio de Abogados fundamenta su conclusión
en base a argumentos legales, pero también apela
al sentido común. Porque la verdad sea dicha, no
es necesario ser abogado para darse cuenta de que
algunos conflictos de interés son evidentes. Para
comenzar, nuestros parlamentarios no sólo debaten
y deciden acerca de nuestras leyes. El Congreso
también aprueba el presupuesto de los tribunales
y los parlamentarios participan en la elección de
los jueces que integrarán la Corte Suprema o el
Tribunal Constitucional. Así, “[...] los jueces
están naturalmente sujetos a presiones
implícitas, si quien plantea y representa los
intereses de una de las partes es miembro de otro
poder del Estado”. Por eso, un abogado miembro
del Congreso tiene ventaja en un alegato, se
trate de casos en que se defiendan intereses
económicos, causas de derechos humanos, materias
de interés público o de cualquier otra índole.
También el informe analiza el caso de los
parlamentarios que son socios de estudios de
abogados, concluyendo que ambas condiciones
serían incompatibles. Tal como señala el informe,
“[...] el deber público que soporta el
parlamentario que es socio o participa en un
estudio de abogados puede estar en conflicto con
el interés privado que supone la profesión, así
como con los deberes fiduciarios que ésta
impone”. Estos deberes fiduciarios “[...] se
extienden naturalmente a los otros profesionales
que participan del estudio respectivo, de modo
que puede afectar la independencia del
parlamentario [...] aunque no actúe personalmente
en el asunto”. Los economistas tal vez
agregaríamos que las personas solemos actuar
motivadas por nuestro propio interés el que, en
la mayoría de los casos, tiene una arista
pecuniaria. Si bien mucha gente es honesta, sería
ingenuo ignorar que, sea la actividad que sea, es
posible que algunos no lo sean.
Por su influencia política un parlamentario socio
de un estudio no sólo atraería más clientes.
Además, tendría que enfrentar permanentemente la
tentación a realizar lobby en favor de los
clientes de su estudio. Aunque el lobby es un
medio legítimo para que los grupos de interés den
a conocer sus posiciones (mientras sea
transparente), aún no ha sido regulado en Chile.
Y tal como lo señaló Eduardo Engel en su columna
del domingo pasado, las señales son un tanto
inquietantes. Eso sí, con medidas razonables que
cautelen la transparencia no debiera existir
impedimento para que los socios de un estudio
postulen o participen en el Congreso.
Algunos argumentarán que los parlamentarios
abogados deben seguir ejerciendo su profesión
para mantener su nivel de vida. Sin embargo, el
artículo 62 de la Constitución establece que el
salario de los parlamentarios debe ser
suficientemente alto para compensarlos por su
dedicación exclusiva. Y, en efecto, tal como se
muestra en el cuadro, los salarios de nuestros
diputados y senadores no son bajos, contando
además con generosos recursos para gastos de
representación y asesorías. Más aun, si se
considera que el presupuesto del 2007 contempla
$21.079 millones para el Senado y $35.964
millones para la Cámara de Diputados, esto es,
121 millones de dólares al año, se puede concluir
que nuestros parlamentarios trabajan en buenas
condiciones. Vale decir, cada senador nos cuesta
$555 millones al año, y cada diputado $300
millones. En definitiva, nuestros parlamentarios
reciben recursos suficientes para cumplir sus
funciones y llevar una vida acomodada para los estándares chilenos.
Chile está cambiando y cada vez los ciudadanos
exigen más transparencia. Incluso nuestros
abogados están confiando crecientemente en la
tradición anglosajona que enfatiza los incentivos
y que, dicho sea de paso, fue importante en la
formación de don Andrés Bello. En efecto, en el
informe del Colegio de Abogados el conflicto de
interés es tratado tanto desde una perspectiva
legal como económica. El foco no sólo está en las
leyes sino también en quienes compiten en el
mercado legal. La eventual regulación del
conflicto de interés no se entiende como una
acción coercitiva, sino como un medio para
promover la competencia en igualdad de
condiciones. Este giro hacia el ideal del mercado
competitivo no sólo es bueno para nuestros abogados sino también para
el país.
Un mercado competitivo de abogados exige igualdad
de condiciones. Por eso, ignorar el conflicto de
interés en el caso de los diputados y senadores
abogados sería una muestra de cinismo. En cambio,
reconocerlo y regularlo sería un acto de madurez cívica.
(*) Alexander Galetovic es profesor en la
Universidad de los Andes e investigador del CEP
(
Leonidas Montes es profesor en la Universidad
Adolfo Ibáñez y miembro del Consejo Directivo del
CEP (
(**) “Informe del Consejo del Colegio de Abogados
sobre ejercicio de la profesión de abogado por
parlamentarios”, Santiago: agosto 2007.
Disponible en
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